Washington, (Notimex).- Un memorando legal elaborado durante el gobierno del ex presidente George W. Bush podría complicar los prospectos de la administración de Barack Obama para confrontar la ley de migración de Arizona SB 1070, revelo hoy la prensa. El documento parece contraponerse al argumento central que expertos legales anticipan sería la parte medular del alegato oficial si el gobierno decide presentar un recurso legal para impedir la implementación de la ley. El diario The Washington Post dijo que la existencia del documento resulta irónica frente a la intención de la actual administración de confrontar una ley que el presidente Barack Obama ha calificado de “mal guiada”.

El documento de la Oficina del Consejero Legal del Departamento de Justicia concluyo que las policías estatales tienen el “poder inherente” de detener a inmigrantes indocumentados por violar una ley federal. Redactado en 2002, el memorando fue creado de Jay S. Bybee, el mismo funcionario que contribuyó a redactar los controversiales memorandos que sancionaron los severos interrogatorios contra sospechosos de terrorismo.

El Post dijo que el autor de la ley en Arizona citó la autoridad otorgada a las policías del estado en ese memorando, como la base de la controversial legislación. Hizo notar además que dado que la administración Obama no ha retirado el memorando, una acción legal por parte del Departamento de Justicia sería embarazosa en el menor de los casos.

Robert Driscoll, un ex oficial del Departamento de Justicia que representa a un alguacil en Arizona, señaló lo difícil será “culpar a alguien por ejercer la autoridad que el departamento (de Justicia) dice que tienen”. El Procurador General, Eric Holder, ha manifestado que su oficina esta considerando una demanda contra Arizona y que la División de Derechos Civiles lleva a cabo consultas legales al respecto.

Cecilia Wang, una abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) desestimó las complicaciones que el memorando del 2002 pudiera presentar porque la ley de Arizona, dijo, “va muchos más allá” de la autoridad básica que otorga ese documento para conducir arrestos.